En anteriores entradas ya he expuesto la idea de que me parece imparable el desarrollo de la economía colaborativa y otros modelos similares donde los particulares se convierten en productores de bienes y en prestadores de servicios con sus propios medios, sin incurrir en grandes gastos y con la ayuda imprescindible de la tecnología. Estos nuevos modelos van a cambiar radicalmente algunos sectores económicos pero la celeridad con que se produzcan esos cambios va a depender de la voluntad política que exista.
A principios de octubre tuvo lugar en Madrid un desayuno organizado por Sharing España sobre el alojamiento colaborativo y el ciudadano productor. Fue un encuentro de gran interés por las distintas ponencias y la mesa redonda que congregó a representantes de Airbnb, Homeaway, Rentalia, Yottotel, OuiShare y la OCU. Al finalizar el acto, José Luis Zimmermann, director general de Adigital, expuso las principales conclusiones de lo hablado, incluyendo una que me parece fundamental: “falta conocimiento, información y, sobre todo, audacia por parte de quienes toman decisiones”, tanto en el plano político como empresarial.
Efectivamente, falta audacia para permitir que los nuevos modelos de negocio que surgen gracias a la tecnología se puedan usar con normalidad en nuestra sociedad. Una sociedad que es cada vez más abierta, donde surgen nuevas necesidades que buscan verse satisfechas con nuevas soluciones, propuestas que desestabilizan los modelos tradicionales pero que son mejores para un buen número de ciudadanos.
<< Hoy no se prioriza la propiedad sino el acceso a bienes y servicios, se ha pasado del consumo a la autoproducción y del salario a los ingresos y ha surgido la figura del ciudadano productor>>
Como se explicó en el desayuno, gracias a este nuevo modelo los consumidores encuentran precios más asequibles, mayor flexibilidad en el régimen de check-in y check-out, más ofertas para quienes tienen necesidades especiales (animales, por ejemplo), además de vivir la experiencia de conocer y convivir con personas de las ciudades que visitan.
Según los resultados del III Barómetro del Alquiler Vacacional en España que se presentaron en el encuentro (ver aquí), en los dos últimos años, un total de 8 millones de viajeros residentes en España entre 18 y 65 años se han alojado en una vivienda turística, lo cual supone 3 millones más de lo que se recogía en el estudio de 2014, que el 77% de los encuestados afirmó que pensaba repetir alojándose de nuevo en una vivienda turística en 2016 o que solo el gasto en alquiler de viviendas vacacionales ha ascendido a unos 3.600 millones de euros, mientras que se cifra en 9.500 millones el impacto económico en el entorno de las viviendas (comercios locales, restaurantes, bares y otros establecimientos de los mismos barrios).
Igualmente, se expusieron algunas de las notas que caracterizan a este sistema: que hoy no se prioriza la propiedad sino el acceso a bienes y servicios; que se pasa del consumo a la autoproducción y del salario a los ingresos. Esto es, que surge la figura del ciudadano productor o, como se le definía en el desayuno, el “prosumidor”, feo vocablo que espero que sea sustituido por otro más acertado, pero que resume bien la idea de un ciudadano que no solo actúa como consumidor sino también como productor de bienes o como proveedor de servicios.
Por último, se pusieron de manifiesto los problemas que existen en el entorno regulatorio, en donde no encaja adecuadamente esta figura del ciudadano productor, las dificultades que algunas Administraciones públicas ponen para que estos nuevos modelos se puedan desarrollar y la necesidad de seguir impulsando y dando a conocer lo que supone la economía colaborativa.
Es cierto que falta audacia y, en particular, audacia política. Es la voluntad política la que debe impulsar el cambio y favorecer el desarrollo y la normalización de estos nuevos negocios. Luego ya vendrá la audacia regulatoria, de mano de expertos, para dar solución a los problemas que puedan plantear estos nuevos modelos y, en particular, cómo se conjugan con negocios tradicionales que han tenido que hacer frente a determinados costes y barreras burocráticas para ponerse en marcha y que ahora ven cómo los nuevos modelos pretenden ofrecer servicios parecidos sin incurrir en tales costes.
En España ya tenemos conocimiento de las trabas que se están poniendo a modelos que funcionan en otros países: Uber no ha podido entrar todavía a operar con normalidad y se le están poniendo dificultades para que pueda hacerlo, dos usuarios de Blablacar han sido sancionados por la Comunidad de Madrid por no tener autorización para ofrecer «un servicio de transporte público» y en Barcelona se ha comenzado a perseguir las viviendas de alquiler vacacional y se ha amenazado a Airbnb con sanciones si publicita estos pisos.
No solo en España se encuentran con problemas: Nueva York ha anunciado una legislación que endurecerá las condiciones para alquilar viviendas a través de plataformas como Airbnb y en Reino Unido un Tribunal acaba de considerar que los conductores de Uber deben tener la consideración de empleados de la compañía, lo que pone en jaque el modelo de funcionamiento previsto por esa empresa.
También las compañías tradicionales que operan en esos sectores y que ahora se ven amenazadas por estos nuevos negocios les plantan cara. Así, las cadenas hoteleras, por ejemplo, se han puesto en pie de guerra contra las viviendas de uso turístico y las plataformas que las promueven. Consideran que la presencia de esta oferta encarece los precios de los pisos en los barrios más céntricos y expulsa a sus residentes, que provocan incomodidades como ruido, suciedad o inseguridad, que favorece la economía sumergida porque, aseguran, los propietarios no declaran los ingresos obtenidos y que, además, no garantizan la seguridad, higiene y salubridad ni están sometidos a la normativa sobre protección de derechos del consumidor. Todo ello desemboca, a su entender, en competencia desleal con los alojamientos reglados.
<< La liberalización de servicios y la eliminación de trabas burocráticas no puede paralizarse con la excusa de que esas trabas han afectado a otros antes. “Si a mí me perjudicó, entonces que perjudique a todos” no es una postura lógica>>
Ante ello, las propuestas del sector pasan por exigir a las viviendas de alquiler las mismas normas que se fijan para los establecimientos hoteleros: garantías de seguridad, seguro de responsabilidad civil, alumbrado de emergencia, extintores, medidas de desinfección, etc. Igualmente, que se disponga de una guía para facilitar el uso de las instalaciones básicas, hojas de reclamaciones y que se exija una licencia de actividad económica. Y, por supuesto, que se aplique el IVA y que los ingresos sean declarados en el IRPF.
Es decir, lo que quiere el sector hotelero es que este nuevo tipo de negocio, consistente en que un ciudadano pueda alquilar su propia vivienda, tenga que asumir las mismas sobrerregulaciones que hoy aplican al negocio de hotel de toda la vida y que serían imposibles de llevar a la práctica por un particular dada su inviabilidad económica.
Sin embargo, la liberalización de servicios y la eliminación de trabas burocráticas no puede paralizarse con la excusa de que esas trabas han afectado a otros antes. Quien cumplió pena de cárcel por un delito que luego dejó de considerarse como tal no puede reclamar que se mantenga la pena para otros. “Si a mí me perjudicó, entonces que perjudique a todos” no es una postura lógica.
Así pues, hace falta audacia política para tomar la decisión de que el alquiler de vivienda sea una actividad económica permitida y que sea, a partir de ahí, cuando trabajen los expertos –empleados públicos y juristas y, por qué no, los propios interesados, tanto hoteleros como plataformas de alquiler de viviendas – para ver qué normas deben aplicarse a estos negocios y cuáles no (o cuáles deben aprobarse en ausencia de norma).
Efectivamente, puede ser necesario que estos expertos valoren si las viviendas deben aplicar obligatoriamente medidas de seguridad o si conviene dejar su aplicación a la libre decisión de los propietarios y a los consumidores la responsabilidad de elegir pernoctar en viviendas que tengan o no tales medidas. Igualmente, habrá que analizar si las disposiciones de la legislación sobre protección de los consumidores en materia de suministro de información, indemnización ante daños y perjuicios o evitación de riesgos pueden ser suficientes. O si, en caso de ofrecer servicios extra como desayuno, media pensión o pensión completa, sería preciso cumplir con la normativa sobre manipulación de alimentos.
<< No sería de extrañar que el sector hotelero acabase entrando en este nuevo modelo y comiencen también a gestionar plataformas de viviendas en alquiler o a ofrecer servicios extra para que los ciudadanos productores los incluyan dentro de su oferta>>
Como digo, todas cuestiones se pueden resolver con la participación de especialistas en la materia, pero lo principal es que exista la suficiente audacia política para poner en marcha los mecanismos que permitan desarrollar la economía colaborativa y que el ciudadano productor no sea perseguido por dar respuesta a través de una novedosa actividad económica a las nuevas demandas de miles de consumidores.
¿Cómo respondería el sector hotelero ante un desarrollo normalizado del alquiler de viviendas particulares? ¿Qué pensáis? Por inverosímil que pueda parecer ahora mismo, no me extrañaría que acabase entrando en este nuevo modelo de negocio y comenzase también a gestionar plataformas de viviendas en alquiler o a ofrecer servicios extra para que los ciudadanos productores los incluyesen dentro de su propia oferta. Una vez que se den cuenta de que no puedan luchar contra el cambio, algunas cadenas hoteleras tratarán de adaptarse a él y es posible que salgan ganando.
Estoy seguro de que dentro de pocos años, quizá tres o quizá cinco, un desayuno similar organizado por Sharing España tendrá no menos de trescientos asistentes y una gran repercusión mediática. Los tiempos están cambiando y la economía colaborativa va a ser una realidad consolidada antes o después.
El futuro que viene 